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Carrefour, en crisis “tras tres años de pérdidas”: ¿qué le pide al Gobierno?

La cadena de supermercados presentó este jueves un procedimiento preventivo de crisis (PPCE) ante el Ministerio de Trabajo de la Nación.

El PPCE es un mecanismo previsto en la Ley de Contrato de Trabajo que debe tramitarse de manera previa a la comunicación de despidos o suspensiones de personal.

La empresa aseguró, a través de un comunicado de prensa, que “está atravesando una situación económica compleja tras tres años de pérdidas” y que “la apertura de este diálogo, junto al Sindicato de Empleados de Comercio y el Gobierno, le permitirá plantear un plan para reimpulsar su crecimiento”.

Esta decisión se produce luego de que en los últimos días de marzo trabajadores de la sucursal Paternal tomaron el supermercado ubicado en Warnes 2707, en respuesta a versiones sobre la posibilidad de que la cadena francesa planeaba despedir personal y cerrar locales de venta en varios puntos del país.

A esto se suma que a mediados de enero se anunció el alejamiento de Daniel Fernández como CEO de la compañía, tras estar durante 12 años en el cargo.

En su reemplazo, arribó al país el francés Rami Baitieh, quien desde 2016 se encontraba al frente de Carrefour Taiwán.

El cambio de timonel en Carrefour obedeció a la pérdida de mercado que registró la cadena gala en los últimos años. Esta caída en el nivel de consumo se mantiene en los primeros meses de 2018, ya que en enero las ventas de los supermercados reflejaron un retroceso de 3,7% respecto a igual mes de 2017.

En base a lo que estipulan las normas, el procedimiento preventivo de crisis deberá tramitarse con carácter previo a la comunicación de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas.

El PPCE está previsto para los casos en los que el empleador planee afectar a más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 empleados; a más del 10% en empresas de entre 400 y 1.000 trabajadores; y a más del 5% del personal en compañías de más de 1.000 trabajadores.

En base a datos del mercado, Carrefour cuenta en la actualidad con un total de 500 sucursales en la Argentina y alrededor de 20.000 empleados.

De ese total, más de 300 locales pertenecían a la excadena Eki que la firma gala tomó bajo su cargo en 2014.

Fuentes del sector laboral detallaron a Télam que una vez presentado el PPCE, el Ministerio de Trabajo deberá convocar formalmente al gremio -en este caso a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys)-, con lo que se abrirá un marco de negociación que puede extendese por espacio de quince días, en los que la empresa en cuestión no podrá concretar despidos o suspensiones y el sindicato debería abstenerse de llevar adelante medidas de fuerza.

En base a lo que disponen las normas, en la presentación del PPCE, se debe argumentar los motivos que la llevan a tomar esta decisión, con los elementos económico financieros probatorios tendientes a acreditar la situación de crisis, junto con la presentación de estados contables de los últimos tres años.

Además, se deben indicar las medidas que se propone adoptar como suspensiones sin goce de sueldo o despidos, debido a que se prevén otras alternativas como suspensiones con pago de sumas de dinero que no tienen tratamiento salarial y la duración de las medidas.

También se tiene que especificar el número de trabajadores afectados, con el detalle de nombre y apellido, fecha de ingreso, cargas de familia, área donde revistan, categoría, especialidad y remuneración mensual, entre otras cuestiones.

Si bien las versiones de despidos y cierres en Carrefour comenzaron a correr con fuerza en las últimas semanas, la posibilidad de que la cadena presente de manera inmediata el procedimiento preventivo de crisis sorprendió al sector.

Ayer, durante la presentación de la Mesa de Comercio en Casa de Gobierno, las autoridades de Carrefour se limitaron a hablar sobre la necesidad de eliminar aspectos burocráticos relacionados con el transporte de productos y manifestaron sus queja por el incremento que se registró en algunas provincias de la tasa de Ingresos Brutos, a pesar del compromiso asumido de ir reduciendo esa carga.

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