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Cuándo y cómo se aplicaría la emergencia alimentaria si fuera aprobada por el Senado

Diputados le dio luz verde al proyecto de la oposición con el aval del oficialismo. Si la Cámara alta la convierte en ley, se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2022.

La emergencia alimentaria pasa al Senado .

En una sesión especial exprés, los diputados aprobaron el proyecto de ley para aplicar la emergencia alimentaria. Si los senadores la aprobaran sin cambios, la iniciativa le demandaría al Estado entre $4000 millones y $10.000 millones hasta fin de año.

Así lo calculó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en base al proyecto de ley elaborado por la oposición y aprobado con 222 votos afirmativos y solo una abstención. El artículo 4° dispone “un incremento de emergencia, como mínimo del 50%, de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”.

Según la OPC, el proyecto con media sanción no indica cómo financiar la seguridad alimentaria y cuánto costaría en caso de tener el visto bueno del Senado, pero puntualizó: “Si el incremento se calcula sobre los créditos vigentes al 31 de agosto de los programas identificados, el costo ascendería a $10.489 millones; si se calcula sobre los saldos de crédito no ejecutados hasta entonces, ascendería a $4.061 millones”.

El proyecto de Ley 4259-D-2019, que entrará en el Senado, contempla la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 de la Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia 108/2002 firmado por el entonces presidente Eduardo Duhalde.

El Gobierno y la oposición descuentan que el proyecto finalmente se aprobará en la Cámara alta. En ese caso, según establece el artículo 2°, “concierne al Estado nacional garantizar en forma permanente y de manera prioritaria al derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población de la Argentina”.

Los diputados aprobaron también el artículo 6°: “Se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional. Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad servicios sociales”.

El diputado del Frente Renovador, Marco Lavagna, propuso en la votación en particular por artículo la creación de un índice de inseguridad alimentaria, la realización de un mapa georreferenciado sobre la problemática y la apertura de los comedores escolares los siete días de la semana. El miembro informante del oficialismo, Luciano Laspina, rechazó incorporar esos cambios al proyecto finalmente aprobado.

El Gobierno ya había aumentado los recursos para contener a los sectores más vulnerables. En los primeros ocho meses del año, reforzó las partidas vinculadas a las políticas alimentaria por $5.560,6 millones, es decir 36,1% extra. Al 31 de agosto, entonces, el Ejecutivo destinó $20.977 millones. A partir de ahora, si el Senado lo aprueba, tendrá hasta $10.000 millones más.

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