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Minería: Para el Gobierno, el cuidado del agua y del medio ambiente es la prioridad

Las modificaciones a la Ley 7722 garantizan el cuidado del agua y del medio ambiente según explica el gobierno provincial. La norma contempla el refuerzo de los controles ambientales, con la creación de la Policía Ambiental, y la contratación de auditorías internacionales para controlar el impacto ambiental.

Las modificaciones a la Ley 7722, aprobadas el viernes pasado, estarán reguladas por el Plan de Ordenamiento Territorial. Esto implicará la existencia de un control ambiental efectivo y un estricto cuidado del agua de todos los mendocinos.

Los controles serán reforzados con la creación de la Policía Ambiental, especializada y con presencia en todo el territorio. Además, se contratarán auditorías internacionales, que serán las encargadas de controlar y verificar el impacto ambiental.

Según se explica en el artículo 3 de la ley, en “todo proyecto minero que tenga como finalidad obtener concentrados o metales, aplicando cualquier método de explotación e industrialización, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) deberá contener los informes sectoriales municipales del lugar donde pretenda ejecutarse, del Departamento General de Irrigación, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) y de otros organismos que considere la autoridad de aplicación como necesarios. Asimismo, se deberá incluir una manifestación específica de impacto ambiental sobre los recursos hídricos conforme al artículo 30 de la Ley provincial 5961 de Preservación del Medio Ambiente”.

La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y la Policía Ambiental estarán a cargo de llevar el control y el seguimiento de “todo emprendimiento que pueda provocar un impacto ambiental”, y el Departamento General de Irrigación deberá ejercer el control sobre el uso del agua.

La ciudadanía podrá ejercer control ambiental desde la red de Vigilancia Ambiental y el Poder Ejecutivo reglamentará su integración y funcionamiento. También está prevista la realización de audiencias públicas por municipios en los departamentos en donde se localicen los proyectos.

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